Juan Carlos Hernández Mora, con doble ciudadanía alemana y cubana, se repatrió a la isla con la esperanza de hacer negocios y vivir en su tierra natal. Según cuenta a Martí Noticias, hoy ha perdido su libertad, su inversión y su casa, y no podrá salir del país hasta 2030, tras ser condenado a 12 años de prisión por cargos que considera injustos.
El regreso con ilusiones
Hernández Mora vivió 12 años en Alemania, donde obtuvo la ciudadanía y se ganó la vida como profesor de salsa. En 2008 decidió regresar a la isla, se estableció formalmente por medio de una repatriación, compró una casa colonial en el centro de Trinidad y abrió un hostal en ese destino turístico tan importante, donde gestionaba viajes de grupos de turistas europeos.
“Extrañaba mi país, mis costumbres. Como traía capital y sabía cómo sobrevivir, pensé que también podría hacerlo en Cuba”, contó a Martí Noticias desde la isla el hombre de 52 años.
Repatriación, inversión y caída
El proceso de repatriación —una figura legal que permite a emigrados recuperar derechos como la residencia permanente, la propiedad y el acceso a servicios básicos— le permitió comprar inmuebles, emprender un negocio turístico y residir legalmente en Cuba. Incluso, afirma, ayudaba a personas necesitadas con donativos.
Pero dice que todo cambió a partir de 2019, cuando fue arrestado y luego condenado en 2020 a 12 años de prisión por los delitos de proxenetismo, cohecho y fraude eléctrico, en un juicio celebrado a puertas cerradas.
El delito de proxenetismo —facilitar la prostitución con fines de lucro— puede acarrear penas de hasta 30 años de cárcel en Cuba, donde se le considera como "una manifestación de explotación sexual expresada en la conducta del sujeto que induzca, coopere o promueva el comercio carnal, u obtenga beneficio de esta actividad, pero sin valerse del engaño, la coacción o el abuso de autoridad".
Junto a Hernández Mora fueron condenados Eduardo Cinta Pérez (7 años), Yunior Tornés Hidalgo (13 años y 4 meses) y varias mujeres, incluyendo la esposa de Hernández.
Todas las personas mencionadas en la sentencia —a la que tuvo acceso Martí Noticias— eran adultas. Ninguna de las mujeres declaró haber sido coaccionada para mantener relaciones con extranjeros.
Tras la condena, el Estado confiscó la vivienda adquirida con capital propio y reubicó a su familia en un apartamento de construcción soviética en el reparto Armando Mestre, en las afueras de Trinidad.
El trasfondo legal
Laritza Diversent, abogada cubana y directora de Cubalex, sostiene que el régimen utiliza el derecho penal como herramienta de control político y económico, especialmente en casos vinculados al turismo.
“Es típico en Cuba el uso de sanciones penales para apropiarse de inmuebles de valor, sobre todo casas bien ubicadas que fueron reformadas para el turismo”, explicó Diversent.
Según la experta, desde los años noventa se ha documentado un patrón: se acusa a propietarios que rentan a extranjeros, de delitos graves como proxenetismo o enriquecimiento ilícito, con el objetivo de confiscar sus inmuebles y reasignarlos a funcionarios del Estado.
Hernández Mora fue liberado bajo libertad condicional en 2024, pero continúa bajo una prohibición de salida del país hasta 2030. Aunque conserva la ciudadanía alemana, no puede regresar a Europa.
“Solo quiero terminar mi condena y volver a Alemania. Me arrepiento profundamente de haber regresado a Cuba”, afirma.
Diversent señala que Hernández puede solicitar al tribunal una “liquidación de condena” para determinar cuánto tiempo le queda realmente por cumplir, o pedir un permiso especial de salida por razones humanitarias.
Alemania responde, pero evita pronunciarse
En una breve declaración enviada a Martí Noticias, el gobierno alemán confirmó que está en contacto con Hernández Mora y que le brinda apoyo consular, pero evitó ofrecer detalles.
“Estamos en contacto con el Sr. Hernández y brindamos apoyo consular. No comentamos casos individuales para proteger la privacidad de las personas involucradas”, respondió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.
Emigrados en prisión o expropiados
El caso de Juan Carlos Hernández Mora no es un hecho aislado. Se han documentado numerosos casos de cubanos emigrados que regresan a la isla —ya sea para invertir, residir o reencontrarse con sus raíces— y terminan atrapados en una maquinaria judicial que no ofrece garantías mínimas.
Recientemente, Frank Cuspinera Medina, empresario cubanoamericano y fundador del supermercado Diplomarket, conocido popularmente como el “Costco cubano”, denunció en una carta pública haber sido víctima de tortura psicológica, manipulación judicial y violación de sus derechos fundamentales durante su detención en Cuba, donde aún permanece encarcelado.
En otro caso, Armando Unsain, un español que se define como comunista, perdió abruptamente una casa y un auto, valorados en más de 400.000 dólares, que había adquirido legalmente en la isla.
Su adhesión a la misma ideología que defiende el régimen de La Habana no fue suficiente para protegerlo de una expropiación, sin explicación ni compensación.
“El mensaje es claro”, resume Laritza Diversent. “El régimen puede prometer apertura, pero nunca renuncia al control absoluto. Hoy puede invitarte a invertir; mañana te encarcela y te lo quita todo”.
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