Un total de 1.176 personas se encuentran privadas de libertad en Cuba por motivos políticos, según el más reciente informe publicado por la organización Prisoners Defenders (PD) con cierre de datos al 31 de julio de 2025. La cifra incluye condenados y procesados sin garantías judiciales.
Durante el mes de julio, 25 nuevos prisioneros políticos fueron incorporados a la lista de PD, mientras que siete salieron de la misma: seis por cumplimiento íntegro de sus condenas y uno por fallecimiento. Se trata de Yan Carlos González, quien murió tras una prolongada huelga de hambre que realizaba como protesta por su encarcelamiento, el cual calificó como “arbitrario”.
En los últimos 12 meses, entre el 1 de agosto de 2024 y el 31 de julio de 2025, se sumaron 141 nuevos casos, lo que equivale a un promedio mensual de 12 nuevos prisioneros políticos, según el reporte. En total, desde julio de 2021 hasta julio pasado, PD ha registrado 1.869 personas encarceladas por motivos políticos en Cuba.
Lee también Julio, el mes más represivo en lo que va de añoEl informe señala que “474 prisioneros políticos presentan patologías médicas graves”, en su mayoría relacionadas con “la falta de alimentación, los maltratos y la carencia de atención médica adecuada”. Además, se documentan 40 casos de personas con trastornos mentales sin acceso a tratamiento médico o psiquiátrico adecuado.
Entre los encarcelados figuran 124 mujeres (79 de ellas en “régimen carcelario-domiciliar”), 221 personas condenadas por el delito de sedición —con penas promedio de 10 años de prisión— y 33 menores de edad detenidos, incluidos 15 ya sentenciados por sedición.
Prisoners Defenders clasifica a los detenidos en tres categorías: 691 “convictos de conciencia” —encarcelados por ejercer derechos fundamentales como la libertad de expresión o de asociación—, 449 “condenados de conciencia”, que enfrentan medidas restrictivas de libertad, y 36 “otros prisioneros políticos”.
La organización afirma que el sistema judicial cubano impone “sentencias sin supervisión judicial, debido proceso o defensa efectiva”, lo que, según la organización, representa “una violación flagrante de la ley internacional”.